Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Maltrato o Abuso Sexual Infantil.

Menores. Medidas de Protección. Prohibición de acercamiento de la madre a sus hijos. Designación de una “Familia Solidaria

Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut – 07/07/2006

MENORES. MEDIDAS DE PROTECCION. Prohibición de acercamiento de la madre a sus hijos. Designación de una “FAMILIA SOLIDARIA” que no reside en la ciudad donde se domicilia la madre de los menores. MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA DE PROTECCION. Aplicación del art. 39 de la Ley N° 26061 y de su reglamentación, Decreto N° 415/06. Distancia que dificultaría el contacto personal y la eventual revinculación de los menores con su madre. Internación de los niños en un hogar dependiente de la Dirección General de la Niñez, Adolescencia y Familia por un plazo de 90 días, pudiendo permanecer la madre junto a ellos durante todo el día como asimismo por las noches, respetando el orden y las normas de funcionamiento del hogar. Se dispone la continuidad de su tratamiento psicológico bajo la estricta supervisión del equipo técnico que deberá informar al juzgado sobre su evolución. INTERES SUPERIOR DEL NIÑO

“C., A. s/ Sumarísimo” – CAMARA DE APELACIONES DEL NOROESTE DEL CHUBUT – 07/07/2006

“Las resoluciones de los jueces relativas a la tenencia y régimen de visitas [extensible a toda la problemática de la protección del menor] tienen siempre carácter provisorio. Esto significa que si cambia la situación fáctica que les dio origen puede también modificarse lo resuelto en ellas.”

“Desde la SIC N° 105 CANO de fecha 25/10/05 al presente, con la entrada en vigencia de la Ley N° 26.061 (“Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, B.O. 26/10/05) y del Decreto N° 415/06 (reglamentario de la referida ley, B.O. 18/04/06), que completan y precisan lo ya dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño, ha variado el plexo normativo aplicable a la cuestión a resolver.”

“La cruda realidad ha puesto en evidencia el fracaso del sistema de las llamadas “familias solidarias”, “familias sustitutas” u “hogares de tránsito”. Pero la cuestión no queda ahí, pues, al problema de la falta de postulantes como “familias solidarias” u “hogares de tránsito”, se suma el carácter traumático de la solución. Así, bien se observa que: “El plazo de permanencia de los chicos depende de su situación judicial (en general, están judicializados por abandono o por riesgo). Y como los jueces suelen tomarse años hasta definir su situación los males se multiplican: los niños se encariñan con sus ‘papás’ transitorios y la partida suma un nuevo desgarro a una vida ya herida. Y por el lado de los adultos las cosas también se complican: el vínculo se profundiza disparando a veces unas ganas razonables de quedarse con el menor.”

“Los chicos que necesitan estos hogares ‘de paso’ no tienen decretada la adopción porque el juez considera que el vínculo con la familia de origen no está roto. Entonces, en tanto los técnicos evalúan cómo evoluciona esa relación, los menores deben vivir en un ámbito que los contenga. Hasta aquí, en teoría, todo bien. El agujero negro asoma cuando todo el sistema de institucionalización estira los tiempos al punto de consumir la infancia entera de los chicos... En tránsito hacia ningún lado”.

“En suma, quizás –como lo señalara un editorial del Diario “La Nación”, 20/05/05– la solución pase por poner un límite temporal a la familia sustituta o al hogar de tránsito, no olvidando que el único verdadero desarrollo del ser humano es en el seno de una familia, biológica o adoptiva, y que excluir a un menor de ésta es marginarlo de la sociedad, sobre todo porque el tiempo del niño no es el tiempo del adulto y el daño que causa el abandono en la infancia difícilmente sea reparado. Por lo demás, ese parece ser el criterio que sustenta lo dispuesto por el art. 39 de la Ley N° 26.061 y por el de idéntico número de su reglamentación, Decreto N° 415/06.”

“La realidad local y del caso concreto no es distinta a la descripta en el considerando anterior. Así lo demuestra el hecho de que, después de ocho meses, el “Servicio de Protección de Derechos del Niño, el Adolescente y la Familia” recién ha podido encontrar una “familia solidaria” para poder hacer efectiva la medida de protección de los menores C. H. y S. A. C. y S. S. G., dispuesta por la Sentencia N° 149 de fecha 15 de junio de 2005, con la particularidad de que se trata de una familia “monoparental” domiciliada en el Bolsón, Provincia de Río Negro, esto es a 180 kms. del domicilio materno en esta ciudad.”

“Este Cuerpo, atendiendo a las directivas de la Convención sobre los Derechos del Niño (arts.: 2.1; 3; 9.1 y 9.3), en especial al interés superior de los menores, estima que las circunstancias fácticas de la “familia solidaria” seleccionada no son las apropiadas para hacer efectiva la medida de protección de los menores dispuesta. En efecto: a) la distancia (180 kms.) dificultaría –cuando no impediría– el contacto personal y la eventual revinculación de los menores con su madre, A. C., quien por lo demás no es “abandonante”, no ha sido suspendida en el ejercicio ni privada de la patria potestad (arts. 264, 307 y 309, Cód. Civ.) y mantiene su representación legal (art. 57, inc. 2, Cód. Civ.); y b) la extraña jurisdicción (Provincia de Río Negro) impediría el efectivo control de la medida por los tribunales y autoridades provinciales, los que quedarían condicionados por su falta de competencia territorial y la burocracia judicial.”

“Constituyéndose el Juez de Familia en “gestor social” de cambio, se toma conciencia de que el juez sólo es útil si se instala con su imperio en medio de la familia en crisis y la apoya, le pone límites, la acompaña y la entrena en el proceso de organización o reorganización en que se encuentra. En otros términos, como lo expresa Bidart Campos: “... por el rango constitucional e internacional de los derechos del niño, los operadores gubernamentales y muy especialmente los jueces han de dar aplicación directa y automática a las normas provenientes de los dos niveles superiores citados, ya sea cuando en el plano infraconstitucional haya leyes o no las haya, como en el caso de que haya leyes opuestas; en este mismo supuesto, no será sentencia ‘contra ley’ la que emita un juez que deje de aplicar una ley cuando esa ley resulte incompatible con el sistema axiológico constitucional que prevalece en beneficio del menor”.”

“Consecuentemente, corresponde revocar la providencia apelada y ajustar la medida cautelar al nuevo marco normativo dado por el art. 39 de la Ley N° 26.061 y por el de idéntica numeración del Decreto N° 415/06, reglamentario de la misma. Modificar la medida de protección establecida, disponiendo que los menores C. H. y S. A. C. y S. S. G. C. sean alojados en la institución Minihogares, dependiente de la Dirección General de la Niñez, Adolescencia y Familia, por un plazo de noventa (90) días (art. 39 de la Ley N° 26.061; art. 39 del Decreto N° 415/06; y art. 59, inc. “g”, de la Ley Provincial N° 4.347) a contar desde la efectivización de la medida, pudiendo la Sra. A. C. permanecer junto a sus hijos durante todo el día como asimismo por las noches, respetando el orden y las normas de funcionamiento del hogar, de lo cual informarán semanalmente al juzgado las autoridades del mismo. Disponer que la Sra. A. C. de continuidad a su tratamiento psicológico bajo la estricta supervisión del Equipo Técnico Interdisciplinario (art. 59, inc. “e”, de la Ley N° 4.347), organismo que deberá informar al juzgado mensualmente sobre su estado y evolución, con un pormenorizado informe final al cumplirse el plazo fijado en el punto anterior.”


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