Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Maltrato o Abuso Sexual Infantil.

Competencia penal. Interna que cumple condena en la ciudad de Río Gallegos. Oposición. Guardadora de los hijos menores de la condenada.

Corte Suprema de Justicia de la Nación - 18 de julio de 2006

Competencia penal. Interna que cumple condena en la ciudad de Río Gallegos. Traslado al Servicio Penitenciario Federal con asiento en la provincia de Buenos Aires. Oposición. Guardadora de los hijos menores de la condenada. Competencia del juez de ejecución que ordenó el traslado para entender en la presentación formulada
Corte Suprema de Justicia de la Nación

18 de julio de 2006

Quintana, Norma Beatriz s/recurso de amparo
Corte Suprema de Justicia de la Nación
I
Se corre vista a este Ministerio Público del conflicto jurisdiccional planteado por la titular del Juzgado de Primera Instancia del Menor de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en el marco de la acción de amparo ‑con medida de no innovar‑ interpuesta por Norma Beatriz Quintana, guardadora de los menores T. y J. A. y P. F., contra la decisión adoptada por el juez de ejecución penal, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, quien dispuso el alojamiento de la madre de los menores, Karina Elizabeth Armanini ‑condenada por dicho tribunal a la pena de cuatro años de prisión como coautora del delito de transporte de estupefacientes‑ en la Unidad Nº 31 del Servicio Penitenciario Federal.
Sostuvo la presentante que los menores residen en Río Gallegos y que el traslado de su madre a la provincia de Buenos Aires desatiende sus derechos esenciales impidiendo el contacto materno‑filial necesario en niños de corta edad, en violación a la Convención de los Derechos del Niño. Agregó que en el lugar de residencia de los menores existen instituciones donde la condenada puede cumplir su pena y que la decisión del traslado es arbitraria, en tanto radica en la sola y caprichosa voluntad de quien la dictó.
La magistrada provincial, luego de solicitar opinión a los representantes del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y de escuchar a los menores, declaró procedente la acción impetrada (fs. 15/16) e hizo lugar a la medida cautelar de prohibición de innovar, disponiendo se deje sin efecto el traslado de la detenida, hasta tanto se resuelva en definitiva la acción de amparo (fs. 17/19).
Sostuvo que lo decidido por el juez de ejecución, en ostensible arbitrariedad, de llevarse a cabo, afectaría los derechos de la detenida de cumplir la pena en un lugar que permita el contacto y visitas con su grupo familiar y, además, lesionaría e impediría el normal ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional a sus hijos de crecer junto a sus padres sin que sean separados. En lo relativo a la medida cautelar, consideró comprobados los presupuestos de admisibilidad y sostuvo que si no se evita el traslado de la madre, los efectos del fallo final en la cuestión de fondo, pueden resultar prácticamente inoperantes, en tanto los derechos que se cautelan tienen relación directa con la salud psicofísica de los niños, cuyo interés superior se vulneraría (artículo 3º de la Convención de los Derechos del Niño).
El juez de ejecución rechazó el requerimiento de su colega provincial y dispuso el traslado de Armanini a la Unidad Nº 31 del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza. Consideró que la materia sometida a decisión no es susceptible de jurisdicciones concurrentes en tanto responde al cumplimiento de una sentencia condenatoria aplicada por un tribunal federal, por un delito de su competencia y al cumplimiento de esa condena en una dependencia carcelaria federal donde se puede proveer a su evolución penitenciaria con recursos y personal especializado, institutos de los que carece la provincia de Santa Cruz. Añadió que la juez requirente deberá circunscribirse a la tutela de los derechos de los menores en el marco de su competencia y apelando a los instrumentos legales que regulan su actividad. Además alegó que obstaculizar una medida dispuesta por un tribunal de la Nación implicó la intromisión de la justicia provincial en órbitas ajenas a su competencia y, por tanto significó un accionar contra legem (artículos 2 y 3 de la ley provincial 1117 y sus modificatorias).
Posteriormente, el juez provincial declaró su incompetencia en razón de la materia con sustento en las opiniones contrapuestas existentes entre las partes respecto del tribunal ante el que deberían tramitar estas actuaciones, y la suya en cuanto a que deberían sustanciarse ante la justicia federal. Por ello, en el entendimiento de que en autos se habría suscitado un conflicto jurisdiccional que debe ser dirimido por V.E., elevó las actuaciones a la Corte.
II
Aún cuando en autos no se suscitó una cuestión negativa de competencia, que requiere que dos tribunales o jueces se atribuyan mutuamente o nieguen la competencia, a mi juicio existe un evidente conflicto entre tribunales que corresponde ser dirimido por V.E. en los términos del artículo 24, inciso 7º del decreto ley 1285/58, ello atendiendo a la necesidad de dar pronto fin a la cuestión y de evitar una efectiva privación de justicia (Fallos 321:602).
III
Tiene decidido el Tribunal que si bien el juicio de amparo no es un proceso ordinario sino uno especial, ello no impide a los tribunales requeridos juzgar la procedencia de su intervención con arreglo a las normas sobre competencia por razón de la materia, o del lugar, cuando existe el peligro que sobre un mismo punto distintos magistrados dicten pronunciamientos contradictorios (Fallos: 315: 1738), y que, en principio, el hábeas corpus y las demandas de amparo, no autorizan a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben (Fallos: 317: 916).
A este respecto, y sin perjuicio de que el planteo de la amparista está fundado en la protección, tutela y salvaguarda de los derechos de los menores, no debemos desatender que la alegada afectación de esas prerrogativas depende directamente de la realización de la medida dispuesta por el juez de ejecución penal, esto es, del alojamiento de su progenitora en una prisión federal distante dos mil quinientos kilómetros de su lugar de residencia. En definitiva, esta medida constituye el principal agravio, y la afectación de los derechos de los menores, su consecuencia. Consecuencia cuya gravedad no me es ajena.
Y es que V.E. puede prescindir del nomen iuris utilizado por el demandante, y atender a la real sustancia de lo solicitado (Fallos: 311: 327 y 317: 164, 1755) ya que no se encuentra atado a él, pudiendo analizar los hechos descriptos, la pretensión deducida, y juzgar aplicando el principio iura novit curia (Fallos: 321: 2767 y 327: 3010).
No descuido que el Tribunal ha declarado que la interpretación constitucional ha de tender ante todo al desenvolvimiento armonioso de la actuación de las autoridades federales y locales, y no al choque y oposición entre ellas, pues su función más importante consiste en interpretar la Constitución de modo que el ejercicio de la autoridad nacional y provincial se desenvuelva armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa. Del logro de ese equilibro debe resultar la amalgama perfecta entre las tendencias unitaria y federal, que Alberdi proporcionó mediante la existencia de dos órdenes de gobierno cuyos órganos actuarán en órbitas distintas (Fallos: 307: 360 y sus citas).
De esta división de jurisdicciones que deriva del régimen federal de gobierno y de las circunstancias de que el acto motivo de conflicto emana de una autoridad nacional, que no se obstaculiza el ejercicio de funciones de una autoridad local, ni se involucran otras cuestiones que justifiquen su intervención ‑como bien lo plantea la defensora oficial ante el tribunal provincial (ver fs. 5)‑ surge que la justicia de menores, al ordenar la medida de no innovar, excedió ese límite jurisdiccional y afectó las facultades del juez nacional de ejecución que emanan del carácter de la condena a quien fue sometida a proceso ante sus estrados y que sólo a esta autoridad incumbían (Fallos: 302: 885).
Al resolver un antecedente similar al aquí en trato, la Corte sostuvo que la cuestión constitucional referente a la vulneración de las garantías que protegen al procesado debe ser promovida ante el juez de la causa, con arreglo a las formas legales, y no ante un magistrado distinto, y que, en consecuencia, correspondería a la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, y no a la justicia nacional en lo criminal y correccional federal, conocer del recurso de amparo deducido por los defensores de un detenido sometido a proceso ante aquel tribunal, por haber dispuesto la autoridad carcelaria su traslado a una cárcel del interior del país (Fallos: 283: 116).
En tal inteligencia, dado que la petición se encuentra íntimamente relacionada con el cumplimiento de la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, como así también que se dictaron resoluciones contradictorias en torno al lugar de detención en que Armanini debería cumplirla, estimo que corresponde declarar la competencia de ese tribunal federal para continuar entendiendo en la cuestión.
En consecuencia, como dije, es el juez federal de ejecución quien deberá evaluar la conveniencia, o no, de alojar a la madre lejos de sus hijos, atendiendo tanto a todas las circunstancias comprobadas en el proceso que culminó con su condena, como al régimen de la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad y, fundamentalmente, a las conclusiones de los informes y estudios psicológicos respecto de la salud psico‑física de los niños, colectados por el juez de menores cuya actuación fuera encomendada por el tribunal oral de conformidad a las disposiciones del artículo 36 de la ley 23.737. Y todo ello, a la luz de lo que ordena la Convención de los Derechos del Niño.
Justamente y respecto al grave daño que pueden estar sufriendo los menores ‑toda vez que el traslado a la provincia de Buenos Aires se hizo efectivo, conforme da cuenta el certificado que adjunto al dictamen‑, es que opino, además, que V.E. puede intervenir para evitar la continuidad del perjuicio.
De tal forma, y a fin de no tornar ilusorio el derecho de los menores a mantener contacto con su madre, máxime en circunstancias en que se encontraría comprometida su salud y normal desarrollo (ver informes de fs. 9/10, 13/14 y constancia de fs. 12), y en especial consideración a la doctrina del Tribunal que establece que en los casos en que se trata de resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional (Fallos: 324: 975 y 327: 5210), y aún el abocarse el Tribunal para velar por la primacía de los derechos de los niños (como lo hizo recientemente al pronunciarse en Fallos 327: 3632), opino que en uso de las facultades previstas en el artículo 36, inciso 4º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Fallos: 322: 2207), V.E., amén de resolver el conflicto en la forma postulada, puede disponer lo siguiente:
1. Que se arbitren las medidas necesarias para reponer las cosas al estado en que se encontraban y en consecuencia, que se disponga el regreso de la interna a un lugar de detención en la ciudad de Río Gallegos, a fin de restablecer el vínculo materno‑filial; sin perjuicio de lo que se resuelva, en definitiva, sobre el fondo de la cuestión, a la luz de todos los antecedentes que obran en ambas jurisdicciones y dando prioridad al resguardo del interés superior del niño.
2. Instruir al juez de ejecución para que resuelva la oposición de la curadora al traslado de la interna, en función de las pautas aquí establecidas y las normas vigentes, con intervención de la asesoría de menores.
3. Dar noticia a la Defensoría General de la Nación a fin de que pueda arbitrar las medidas que estime necesarias para el efectivo resguardo del interés que debe privar en estas actuaciones.
Buenos Aires, 5 de julio del año 2006.
LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE
Buenos Aires, 18 de julio de 2006.
Autos y Vistos; Considerando:
Que existe en autos un conflicto entre tribunales que carecen de superior común, que debe ser resuelto por esta Corte de acuerdo con la jurisdicción que le confiere el art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58.
Que al caso resulta aplicable, lo resuelto en Fallos: 283:116 y 285:267, a cuyos fundamentos corresponde remitirse en razón de brevedad.
Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara que deberá remitirse la presente causa al juez de ejecución penal, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, para que resuelva la oposición de la guardadora de los menores al traslado de la interna. Hágase saber a la Defensoría General de la Nación y al Juzgado de Primera Instancia del Menor de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI (en disidencia parcial) - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY.
DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAUL ZAFFARONI
Considerando:
Que existe en autos un conflicto entre tribunales que carecen de superior común, que debe ser resuelto por esta Corte de acuerdo con la jurisdicción que le confiere el art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58.
Que al caso resulta aplicable lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, a cuyos fundamentos corresponde remitirse en razón de brevedad.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara que deberá: 1) Remitirse la presente causa al juez de ejecución penal, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia; 2) Arbitrarse las medidas necesarias para reponer las cosas al estado en que se encontraban y en consecuencia, disponer el regreso de la interna a un lugar de detención en la ciudad de Río Gallegos, a fin de restablecer el vínculo materno‑filial; sin perjuicio de lo que se resuelva, en definitiva, sobre el fondo de la cuestión, a la luz de todos los antecedentes que obran en ambas jurisdicciones y dando prioridad al resguardo del interés superior del niño; 3) Instruir al juez de ejecución para que resuelva la oposición de la curadora al traslado de la interna, en función de las pautas aquí establecidas y las normas vigentes, con intervención de la asesoría de menores; 4) Dar noticia a la Defensoría General de la Nación a fin de que pueda arbitrar las medidas que estime necesarias para el efectivo resguardo del interés que debe privar en estas actuaciones. Hágase saber a la Defensoría General de la
Nación y al Juzgado de Primera Instancia del Menor de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
E. RAUL ZAFFARONI.

Volver al Listado de Maltrato o Abuso Sexual Infantil.

ASAPMI: Asociacion Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil
Escríbanos al email: info@asapmi.org.ar
Diseño de Páginas Web