Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Maltrato o Abuso Sexual Infantil.

Reintegro al hogar de la esposa con sus dos hijos menores. Prohibición de acercamiento al esposo.

Tribunal de Familia Nro. 3- Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Expediente N° 31.258
“B., M.P. c/G., R.A. s/protección contra la violencia familiar”
Banfield, 20 de julio de 2006

I. Reiterase la resolución dictada a fs.22, a fin de que se reintegre al hogar la esposa M.P.B. con sus dos hijos menores, fijándose asimismo al esposo R.A.G. un perímetro de trescientos metros en torno al hogar familiar, al lugar de trabajo de la esposa y a la escuela de los niños. Líbrense los oficios conducentes a la efectivización de lo ordenado. Asimismo líbrense: a) oficio a la Escuela 60 de Lanús Oeste, a fin de que remita en el termino de diez días informes en sobre cerrado sobre las intervenciones del equipo psicopedagógico relacionadas con los niños M.A. de 12 años y C.V. de 9 años, y b) oficio a la UFI 17, a fin de que remita ad effectum videndi la causa 678.962, en la que según lo denunciado a fs.9 resultaría imputado el Sr. R.A.G. Líbrense los oficios conducentes a la efectivización de lo ordenado. Todo ello, no sólo como consecuencia del incumplimiento de lo convenido a fs.15 por ambos esposos el 3 de julio de 2006 ante la Sra. Asistente Social que integra el Equipo Técnico interdisciplinario de este Tribunal de Familia -Lic. Diana Casarotti- en el sentido de que el Sr. R.A.G. se retiraría del inmueble ubicado en la calle M. C. …. de Lanús para que se reintegrara a él su esposa y sus dos hijos menores de edad, sino ante el reconocimiento efectuado por el esposo en el escrito obrante en autos de fecha 5 de julio de 2006, según el cual: "El hecho que ocasionó el presente se debió a un momento de arrebato del cual luego ya me había arrepentido, y con la promesa de que no sucedería más." Seguidamente en el mismo escrito agrega que: "si V.E. lo consideran conveniente, procederé a someterme a un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a fin de que no vuelva a suceder". Invoca finalmente como motivos que tornarían improductiva una medida de exclusión, que en el inmueble tiene una agencia de remises y que ha adquirido un centenar de codornices hembras y algunos machos, a los efectos de lograr la ovación de dichas aves, y que el 5 de julio nacería la primera camada de pichones que incubaron en el galponcito ubicado al fondo.

II.- Ante estas manifestaciones cabe destacar el reproche jurídico que merece la violencia doméstica -como especie de la violencia de género - en el sistema jurídico internacional, regional, nacional y provincial. Así ha sido considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una violación de los derechos humanos (Informe Final n° 54/01 del caso 12.051, 16 de abril de 2001, caratulado Maria da Penha Maia Fernandes vs. Brasil). En el caso "Simón" (CSJN, sentencia de 17 de junio de 2005, considerando 17) la CSJN -retomando la línea jurisprudencial de los precedentes "Giroldi" (1995) y "Bramajo" (CSJN, Bramado - LA LEY, 1996-E, 409, con nota de Francisco Javier Posse)- señala que "la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como las directivas de la Comisión Interamericana constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". En el mismo sentido los informes finales de la Comisión se equiparan, en cuanto a su utilidad para la víctima y para la interpretación del sistema interamericano, a la utilidad de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la medida que ambas coinciden en establecer si existe violación de las obligaciones asumidas por los Estados. Por lo que integran el bloque de constitucionalidad federal (art.75 inc.22 de la Constitución Nacional).

III- Se ha de tener presente que el conjunto constituido por la ley bonaerense 12.569 y su decreto reglamentario 2875/2005 con los tres anexos (I, A y B) se enmarca en el sistema de protección regional e internacional de derechos humanos, en dos instrumentos jurídicos específicos mencionados en el Anexo B del Dec.Reg. 2875/2005, que forman parte del derecho positivo argentino:

a. El primero de ellos es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (en adelante CEDAW), adoptada en 1979, perteneciente al sistema internacional de protección de los derechos humanos e incluida en la nómina del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, con la Recomendación General n° 19 del Comité CEDAW, en la que se marca el vínculo entre violencia y discriminación: "La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre". La relación entre discriminación y violencia contra las mujeres, se encuentra también reconocida en el artículo 6 de la Convención de Belem do Pará: "El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a) el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación...".
Obsérvese que una de las bases del programa provincial es precisamente "la no discriminación": "Asegurando la igualdad entre los géneros, sin distinción, exclusión o restricción por sexo, elección sexual, religión, edad, estado civil u otro. Entendiendo que la violencia hacia las mujeres es el resultado de la asimetría de poder, existente entre hombres y varones, intentando incidir sobre las representaciones sociales, los mitos y el establecimiento de jerarquías que desvalorizan a las mujeres, y reemplazarlos por formulas de valoración equivalentes entre mujeres y hombres."

b. El segundo instrumento es la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 9 de julio de 1994 y aprobada sin reservas mediante la ley 24632, que rige a partir del 9/4/1996. El estándar normativo por excelencia en la materia viene dado por el concepto de violencia contra la mujer del art. 1 de la Convención de Belem do Pará: "...debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito de lo público como en el privado".

Por lo que la problemática de la violencia familiar se interpreta en el marco del sistema de protección de los derechos humanos internacional e interamericano, lo que conlleva el examen de las implicancias del incumplimiento de los compromisos internacionales por parte de los Estados, en los casos en que las políticas, la legislación y la jurisprudencia no se adecuen efectivamente a dicha normativa.

En este sentido se ha señalado, con referencia a la Convención de Belem do Pará, que el desconocimiento judicial de la misma "puede configurar sentencia arbitraria y dejar expedita la vía de la inconstitucionalidad nacional y la de la instancia supranacional (arts.7 y 12 de la ley 24632 y su remisión a los arts. 46 y 47 del Pacto de San José‚ de Costa Rica)" (JA, 2000-III-376.Lexis N° 0003/007781). Cabe mencionar un valioso antecedente de la jurisprudencia nacional en el que la Sala F de la Cámara Nacional en lo Civil el 13 de agosto de 1999 aplicó la Convención de Belem do Pará, "por la cual el Estado debe 'adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer en cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad' (art. 7 inc. d). A los efectos de dar cumplimiento a dicha normativa y para asegurar provisionalmente los derechos de la denunciante reconocidos por la Convención, ante la existencia en la especie de elementos que prima facie demuestran la probabilidad de que la actora eventualmente pueda sufrir perjuicios irreparables por la reiteración de los hechos por los que se condenó al demandado en sede penal, no existe obstáculo para ejercer la potestad jurisdiccional del art. 232 C.P.C.C.N. de ordenar medidas urgentes que se juzguen adecuadas para evitar eventuales perjuicios (Conf. De Lázzari, Eduardo N., "La cautela material", JA 1996 V 651)".

Asimismo no puede soslayarse que la diferencia entre el resto de las normas y las de protección de derechos humanos radica en que en el caso de estas últimas el Estado -en este caso el Poder Judicial- está obligado a garantizarlas.

IV.- Por otra parte, en este caso la familia se halla integrada por dos hijos menores de edad: M.A. de 12 años y C.V. de 9 años. En efecto, además de las consecuencias de la violencia sobre la salud física, psicológica y social de la victima, existe un problema derivado al que se le ha de prestar atención, pues coinciden investigadores y personal de las instituciones que trabajan con niños y niñas, que la gravedad del problema de la violencia en el ámbito privado se acrecienta debido a la altísima la probabilidad de que los niños y niñas maltratado/as o testigos de violencia, sean a su vez adultos maltratadores en el hogar y/o violentos en el medio social, ya que es el comportamiento que han interiorizado como natural en el proceso de socialización primaria.

En una sentencia dictada el 25/10/2005 por la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Morón, en la causa "R., M. A. v. R. M.", el Dr. Gallo en su voto, que hará mayoría, argumenta que: "No en vano se ha señalado que 'la familia es el contexto en el que los sujetos construyen su historia personal, adquieren los modelos de identificación y son marcados por las experiencias que los van educando y formando. Dichas experiencias pueden incluir diversos grados de maltrato que se padecen directamente, o como testigos, siendo afectados por la violencia que ven recibir a otros miembros de la familia. Son estas vivencias intrafamiliares las que inscriben con mayor potencia el modelo de comportamiento violento en los miembros masculinos de la familia, reforzada por los entornos institucionales y culturales que fomentan el uso de la fuerza y el poder en los hombres. Estas mismas vivencias, cruzadas con la educación diferencial aplicada a las mujeres, estimulando los valores de la obediencia, el sacrificio por los demás y la unión familiar a ultranza, sumadas al peso de las concepciones del amor romántico y la discriminación social imperante refuerzan el modelo del sometimiento femenino y la mayor vulnerabilidad a la victimización' (1° Jornadas Nacionales sobre Violencia. 7 y 8/9/1995. Clínica de violencia familiar. Comentarios", Ed. Policial, p. 172)."

En el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre "La situación de los derechos de la mujer en ciudad Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación" ( Informe OEA/Ser.L/V/II.117 - Doc. 1 rev. 1 - 7 marzo 2003 - párrafos 165 a 168), también se destaca el problema de la violencia doméstica como un problema social, puesto que "impone un costo terrible a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en conjunto, y tiene efectos intergeneracionales". En un documento publicado por el BID -"La Violencia en América Latina y el Caribe: Un Marco de Referencia para la Acción"- se sostiene que "la violencia doméstica y la violencia social son parte de un todo integral, que se entrelazan de manera estrecha y se refuerzan mutuamente". Se defiende la hipótesis de la vinculación entre violencia social y violencia doméstica, cuando afirma que "la violencia es en gran parte una conducta aprendida y una de las primeras oportunidades en las que un individuo observa y aprende la violencia es en el hogar". Asimismo, "esta transmisión de violencia de una generación a la otra y del hogar a la calle, es la razón apremiante por la cual urge encontrar políticas que disminuyan la violencia doméstica, incluso cuando la meta final sea reducir la violencia social". Desde esta perspectiva, la violencia doméstica es uno de los factores de riesgo de la violencia en el espacio social. En el mismo sentido, las investigaciones de la American Psychological Association, publicadas en 1993, señalan que "a medida que crecen los niveles de violencia en la familia de origen, la probabilidad de que un niño también se involucre en comportamiento abusivo o violento cuando adulto también aumenta". NOTIFIQUESE.- María Silvia Villaverde. Jueza. Tribunal de Familia N° 3. Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
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