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Notas de Actualidad

ASAPMI MANIFIESTA: "Los Prejuicios Desplegados en un Fallo. La Revictimización como Respuesta"

Los Prejuicios Desplegados en un Fallo. La Revictimización como Respuesta.

Los hechos:
El 02 de julio de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 23, integrado por los Magistrados Luis María Rizzi, Javier Anzoátegui y Marcela Mónica Rodríguez dictó los fundamentos de la sentencia condenatoria contra Víctor Alejandro Solís Chambi, que había sido acusado de cometer abuso sexual en perjuicio de dos menores de edad.
Concretamente, se le imputaba haber abusado sexualmente de una adolescente de 13 años de edad por haberla accedido carnalmente por la vía vaginal en un albergue transitorio. También, se le imputó haber abusado sexualmente de otra adolescente de 15 años de edad en al menos diez ocasiones accediéndola carnalmente por la vía vaginal en un albergue transitorio. En ambos casos, el imputado, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, utilizó la violencia física y las amenazas para someter a las adolescentes. Otra característica común fue que ambas jóvenes fueron embarazadas por el imputado. La más joven tuvo al bebé, mientras que la mayor fue llevada a abortar en varias oportunidades por el mismo imputado, hasta que se produjo la expulsión y muerte del feto.
El Fiscal, luego de celebrado el debate, consideró acreditados los hechos acusando a Víctor Alejandro Solís Chambi como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal cometido en perjuicio de la adolescente de 13 años en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado del modo adelantado, es decir, como delito continuado, en perjuicio de la adolescente de 15 años y solicitó que se le imponga la pena de 22 años de prisión.
El Tribunal Oral en lo Criminal, finalmente, decidió condenar al imputado a la pena de ocho años de prisión por resultar autor del delito de abuso sexual mediante violencias y amenazas con acceso carnal en los términos del art. 119 párrafos primero y tercero del Código Penal, cometido en perjuicio de la adolescente de 13 años de edad, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal de una menor de dieciséis años y mayor de trece años, aprovechándose de su inmadurez sexual y en razón de la mayoría de edad del autor en los términos del art. 120 en función del art. 119 párrafo tercero del Código Penal, cometido en perjuicio de la joven de 15 años de edad.
Esta diferencia entre la pena solicitada por el Fiscal y la aplicada por el Tribunal Oral se explica porque se consideró que los hechos en los que había sido víctima la adolescente de 15 años debían ser calificados como abuso sexual por el aprovechamiento de su inmadurez sexual (antes definido por el Código Penal bajo la figura de estupro) y no como abuso sexual agravado por el acceso carnal (en la normativa anterior, era calificado como violación). Para llegar a tal conclusión, se apartan del relato de la adolescente y de los informes de los profesionales intervinientes y consideran, de acuerdo a alguna de las declaraciones testimoniales, que no ha quedado suficientemente acreditado que se haya ejercido violencia contra la víctima durante todo el período de tiempo en el cual fue sometida a abusos sexuales por el imputado.

Nuestro análisis:
Más allá de la valoración probatoria, cuestión que merecería un análisis profundo y detallado, llama la atención que el fallo se apoye en una cita doctrinaria de mediados de siglo pasado de Ernesto Ure, en la cual, se sostiene que: “no hay delito cuando el acto acaece merced a los esfuerzos del hombre, dirigidos a despertar el instinto y a vencer la oscilante resistencia, pues más que devastar una plaza sitiada, es apoderarse de una plaza rendida...”. Agregaron los magistrados que “El concepto se refiere a aquellos casos en que la mujer por un acto voluntario, termina por consentir los deseos del sujeto activo, aunque haya sido este el que provocó ese consentimiento por una conducta que pudo haber comenzado con la apariencia de fuerza, pero en el que la fuerza deja de ser el factor decisivo, y es reemplazada por el instinto sexual”.
Más allá de lo anacrónico de los términos utilizados en la cita y reproducidos en el fallo, que parte de la atribución a todas las mujeres (en este caso, a una niña de quince años) de una voluntad encubierta de “rendirse” ante un presunto deseo sexual que disimulan en tanto la insistencia del “sujeto activo=varón” no sea lo suficientemente intensa y persistente. Este argumento estaría negando las propias disposiciones del CP y tratados internacionales introduciendo limitaciones a la falta de consentimiento que se reconoce a todas las personas menores de 18 años en lo relativo a contactos sexuales. Podríamos entender que en el marco interpretativo que se le adjudica a los jueces serían capaces de modificar la propia normativa de acuerdo a su parecer, hecho de una gravedad relevante.
Además, más allá de contrariar los diferentes estándares internacionales de derechos humanos de protección de la infancia y derechos de las mujeres, resulta por demás peligroso porque justifica las conductas que fueron probadas cuando en su continuidad considera que ocurrieron con el consentimiento implícito, guiado por el supuesto imperativo del “instinto sexual” de la adolescente, concepto que se pone en juego y define las decisiones adoptadas, dejando en claro el absoluto desconocimiento de los avances en el conocimiento sobre sexualidad, desarrollo, subjetividad, genitalidad, abuso, abuso de poder y violencia .
Entendemos que esta demostración de ignorancia sobre las características de los hechos que se juzgan hace aún más explícita la influencia que han ejercido en las decisiones concepciones prejuiciosas, que expuestas como argumentación no hacen otra cosa que condenar a la adolescente por su condición de ”objeto de deseo sexual” por parte de un varón.
Nos alerta la posibilidad de que a partir de este fallo se abra un sendero que lleve a la retracción de la reacción punitiva del Estado frente a hechos de violencia sexual cometidos contra niñas y mujeres.
La argumentación utilizada se asienta en supuestos y no en el conocimiento acumulado sobre las dinámicas del Abuso Sexual, que demuestra desconocer. Por ejemplo, respecto a aspectos inherentes a la compleja dinámica del abuso sexual infantil que incluye diferentes formas de abuso de poder que hacen que la relación sea forzada más allá de la violencia física , la variedad de razones por las cuáles las víctimas de estos delitos suelen “no contar” lo que sucede, que ocurre y se perpetua a través de la dinámica del secreto impuesto y de cuyo sostenimiento se hace depositaria a la niña o adolescente y por lo tanto no es sencillo que el resto de las personas descubran lo que está sucediendo. No demuestra además conocimiento sobre las respuestas que las adolescentes y niñas víctimas de abuso sexual ponen en juego, intentado sostener ante todo su superviviencia, aun a expensas de su propia integridad, intentando de manera férrea dar una impresión de pseudonormalidad que les permite continuar transitando por otros escenarios más allá del que les propone su abusador, como modo de afrontar el trauma al que están expuestas.
Si bien entendemos que no es nuestra tarea constituirnos en revisores de los fallos emitidos por las autoridades judiciales, si nos corresponde, por nuestro conocimiento y experiencia realizar una lectura crítica de los argumentos explicitados, sobre todo cuando en lugar de sujetarse a la norma transitan por la subejtividad impregnada de mitos, prejuicios, estereotipos y creencias de sus autores.
Se hace necesario superar las emociones negativas, como la indignación y transformarlas en un análisis objetivo enmarcado en el estado actual del conocimiento, del mismo orden que el que solicitamos a los jueces que se expidieron.
Se impone además la necesidad de reclamar el funcionamiento de los mecanismos institucionales y republicanos que no solo revoquen este último fallo, sino que garanticen que en el futuro ningún niño, niña o adolescente sufra un proceso de revictimización de esa magnitud, por parte de ningún juez o funcionario por más jerarquía, prestigio, poder y aval que los preceda.

Nuestra propuesta:
A efectos que los Derechos de los Niños no sean declamados hipócrita e inútilmente, sino que sean operativizados, tal como lo venimos proponiendo y exigiendo desde nuestra constitución como organización, en cumplimiento de nuestros objetivos y teniendo en consideración las directrices de la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente lo establecido en el preámbulo y en los artículos 3, 4, 6, 16, 19, 24.1, 27.1, 34, 39 y concordantes, y demás normas del Derecho Comunitario, solicitamos:
1. Que el Estado, a través de los organismos responsables, como el Ministerio Público Fiscal interponga las acciones necesarias tendientes a revisar el fallo en cuestión y enmendar sus consecuencias, tanto sobre las víctimas como sobre futuras situaciones evitando el impacto jurisprudencial que puede adquirir en caso de no ser objetado.
2. La implementación inmediata a través de la coordinada acción de los organismos administrativos de Protección de la Infancia de un dispositivo terapéutico especializado, continuado, sostenido e ininterrumpido que implique el tratamiento psicológico individual de las adolescentes y los que fueran necesarios para apoyar y sostener a las personas adultas encargadas de su crianza.
COMISIÓN DIRECTIVA DE ASAPMI
Buenos Aires, Mayo 29 de 2016

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